La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el 40 % del presupuesto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, casi 2.800 millones de euros, se destinará a consolidar el parque público de vivienda asequible. El objetivo es acercarse al 9 % de vivienda pública, en línea con la media europea, frente al 3 % actual. Esta medida responde a los compromisos adquiridos en la Ley por el Derecho a la Vivienda y estará disponible para las comunidades autónomas a partir de septiembre.
Una de las principales novedades es la incorporación legal de la figura del proveedor social de vivienda, lo que permitirá que entidades sin ánimo de lucro puedan acceder a subvenciones directas para comprar, rehabilitar o construir vivienda destinada a alquiler asequible. Estas entidades serán también colaboradoras clave en la nueva empresa pública de vivienda, impulsada desde Sepes, con el fin de expandir la oferta residencial social en todo el país.
Durante la reunión celebrada en Madrid, con organizaciones como Provivienda, Habitat 3, REAS o tuTECHO, se destacó la importancia de dotar a estos agentes de un marco normativo específico. Hasta ahora, su papel era limitado a territorios como Cataluña. Con este plan, el Gobierno busca fortalecer un modelo de vivienda social sostenible, alineado con las políticas de alquiler protegido en otros países europeos como Alemania o Países Bajos.